El Presidente Uribe “amenaza” con renunciar, pero en realidad ¿por qué razones debe hacerlo?

                          
Para el Presidente debe cumplirse el precepto de que las responsabilidades políticas son individuales y no comprometen a las instituciones. Es decir, un congresista que haya cometido un delito debe ser reemplazado por el que sigue en la lista. Pero, si se comprueba que llamó al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia para averiguar por el caso del senador y primo suyo, capturado por parapolítica, ¿quién podría reemplazar al primer mandatario si hace efectiva su declaración de renunciar a su cargo?

La innegable ilegitimidad política con la que cuenta el gobierno de Uribe ya tiene a 32 legisladores tras las rejas y 30 congresistas con investigación preliminar por sus presuntos nexos con grupos al margen de la ley. Sin olvidar las presuntas instigaciones a la Corte Suprema de Justicia para que detenga sus investigaciones y las supuestas elecciones fraudulentas que se encuentran en investigación.

Por no ir más allá de los hechos evidentes se ha dicho que Uribe debe renunciar por que no apoya el canje humanitario, ni quiere una salida política, se ha pedido la renuncia del presidente Uribe por ilegítimo. 

Pero, ¿Por qué otras razones debe renunciar Uribe?

El primo del presidente Álvaro Uribe, y presidente del partido Colombia Democrática, ¨debería¨ responder ante la justicia por concierto para delinquir. Se le acusa de promover acuerdos con los paramilitares. No obstante, ha sorprendido al mundo con su pedido de asilo en Costa Rica...

El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jesús Marín, encontró méritos para dictarle medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.

El dirigente del partido Colombia Democrática fue presidente del Congreso de la República entre 2000 y 2001 y había renunciado hace cerca de seis meses a su fuero para someterse a la justicia ordinaria.

Éste es el caso número 33 de políticos investigados en el proceso de ‘Parapolítica’, sin embargo, toma más valor al ser primo del presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

Esta noticia le está dando la vuelta al mundo, como una muestra más de los presuntos vínculos de algunos congresistas con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

¿Cómo cree que debe reaccionar el presidente, Álvaro Uribe, ante esta nueva medida de aseguramiento y el pedido de asilo en Costa Rica?

El Gobierno, a través de un comunicado de la Presidencia, aseguró que el reconocido periodista Daniel Coronel y la ex congresista Yidis Medina ¨prepararon¨ el video en el que se acusa a varios funcionarios de haber ofrecido puestos a cambio de la aprobación del proyecto de reelección.

Por el contenido del video, difundido por el noticiero Noticias Uno, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación en la que se pretende esclarecer si detrás del voto de la ex parlamentaria, existió alguna concesión para favorecer la reelección inmediata por parte de funcionarios del Gobierno.

Uno de los argumentos del Gobierno, es que la respuesta de la ex congresista fue inducida por el periodista. La pregunta es la siguiente: ¿Es decir, el Presidente te manifestaba que estaba de acuerdo con que recibieras cargos a cambio de tu voto?

Por su parte, Yidis Medina ha ratificado su testimonio: ¨Cuando voté la reelección fui pisoteada y maltratada. Ahí están los artículos de prensa y los grafitos en Barrancabermeja en los que me decían "fuera Yidis Medina de Barranca" o "vendepatria". Los opositores del Presidente también me ultrajaron. Y además, ahora, también maltratada por los seguidores del Presidente. Entonces, hagamos conciencia y entreguemos todo a Dios¨.

¿Qué opinión le merece este escándalo en el que se ve, nuevamente, involucrado el primer mandatario y sus funcionarios de gobierno?

¿Cree que la respuesta del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, explica la posición del Gobierno y es suficiente; o requiere de un pronunciamiento adicional por parte de la Cancillería? 

Entiendo que la reciente misiva enviada por congresistas norteamericanos al Presidente Uribe Vélez, es una forma de participar en el debate público y legítimo que se desarrolla en Colombia. Todos podemos y debemos participar en la controversia democrática. Yo lo hago a diario en la cátedra universitaria, como comentarista en los medios electrónicos, como columnista de periódicos, como autor de libros, como invitado a múltiples tertulias, unas públicas, otras privadas. Siempre intervengo con respeto por la persona del contradictor, pero defendiendo con energía y convicción las razones y las realizaciones de la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe.

Aprendí de mi mentor y guía espiritual, Benjamín Franklin, a ser tolerante sin deponer las convicciones; a enfrentar los peligros aunque teniendo claro que existen; a defender las ideas, al mismo tiempo que el derecho del otro a expresar las suyas. Es recurrente la afirmación –descalificadora moralmente- de que discutir con una persona allegada al gobierno o un miembro de él, es poner en peligro la vida. ¡No! Como dije en mi carta del 1º. de abril de 2008 al señor Iván Cepeda: “en el campo de la democracia nadie es enemigo de nadie. Sólo nos reconocemos como contradictores y émulos. Exalto su entereza al repudiar el apoyo de las organizaciones terroristas a la marcha del 6 de marzo. Cuente con toda mi solidaridad en la lucha por hacer visibles a las victimas del terrorismo y para que haya verdad, justicia y reparación”. Que las Farc, pública y abiertamente invitaran a la marcha, hizo que me opusiera a ella. El que estuviese dirigida a condenar los “crímenes de Estado”, cuando no existe ninguna política atribuible a las instituciones legítimas sino unos casos e individuos que deben y están siendo condenados por la justicia, me parecía un despropósito con la autoridad que vela por la vida mía, la de Iván y la de todos los ciudadanos. No sugerí entonces, ni lo hago ahora, que Iván Cepeda estuviera afiliado a las Farc.

Soy un convencido, como lo son los ilustres congresistas, de que la democracia y la defensa de los derechos humanos son bienes públicos universales. No puede predicarse de ellos que sean valores exclusivos de Occidente, cuando lo que está de por medio es la dignidad de la persona, la defensa de la vida humana, la igualdad entre hombres y mujeres, y la posibilidad de vivir en libertad. Esa es la verdadera lucha que estamos dando los colombianos y por eso es crucial, en la actual geopolítica, dar respuesta al siguiente dilema: El pueblo colombiano -tanto opositores como amigos del gobierno-, el gobierno norteamericano y la gran mayoría de miembros del Congreso de Estados Unidos, están convencidos de que somos una democracia. El hecho de que esa democracia haya sido asediada por el terrorismo no la descalifica. Al contrario, es un mérito nuestro dar la lucha contra el intento terrorista de paralizar la sociedad, financiado por narcóticos que llegan a las calles y colegios de los distritos norteamericanos. Esta democracia decidió no dejarse derrotar, defender la vida y la libertad de todos, absolutamente todos los ciudadanos.

Estados Unidos y Europa ya tienen consenso doctrinario sobre el terrorismo y los terroristas: ni unos ni otros aceptan que alguien haga apología de los ataques con bombas y de los asesinatos de dirigentes políticos y sociales. Basta leer sus legislaciones o ver la ejemplarizante destitución de la alcaldesa de Mondragón (País Vasco) por guardar silencio frente a la prédica terrorista, por no actuar dentro de los mínimos éticos de los demócratas.

Colombia recorre ese mismo camino con su política contra el crimen: la seguridad democrática, que es garantía de seguridad para todos. En el punto 27 de la plataforma política del Presidente Álvaro Uribe se lee: “la seguridad democrática es para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Ese principio político tiene una aplicación práctica: el gobierno dirige la acción de la fuerza pública contra todas las expresiones del crimen: el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico, los funcionarios públicos cómplices del crimen organizado y las bandas criminales que han emergido luego de la desmovilización de los paramilitares.

Para nosotros, defender la seguridad democrática y los derechos humanos, así como a quienes los defienden, es un asunto de civilización, de respeto por nuestra democracia liberal con separación de poderes; es aceptar sólo el monopolio de la fuerza ejercido por la autoridad estatal dentro de los límites consagrados en el derecho de los derechos humanos.

El pueblo de Colombia aprueba la política de seguridad democrática. Algo he contribuido yo a explicarla. Tenemos que seguir debatiendo, contradiciendo, informando bien y en forma transparente y celebrando el hecho de que Colombia sea cada vez más segura, más democrática, más cohesionada y que esté transitando por la ruta del progreso.

Atentamente,

José Obdulio Gaviria Vélez.

Hijos de padres separados en aumento, efectos del “Divorcio Express” 

                                    

La separación y el divorcio son decisiones personales que afectan principalmente a hijos y familiares; en términos técnicos es el fin de todos y cada uno de los efectos del matrimonio, salvo con el de la legitimidad de los hijos, quienes necesariamente conservan su calidad de hijos.

11.664 parejas se han separado en Colombia entre el 2005 y el 2007 según los últimos datos que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro.

El crecimiento desbordado se debe en gran parte a la aprobación del decreto 4436 de 2005, en el cual el Gobierno reglamentó el divorcio de común acuerdo ante notario.

Esta medida no sólo descongestionó las Cortes de Familia, llenas de demandas donde el trámite podría tardar hasta 1 año, también contribuyó a disparar este tipo de solicitudes. Según la Superintendencia, mientras que en el 2006 se realizaron 3.391, en el 2007 se efectuaron 8.273 diligencias.

Pero en este proceso los menores de edad son los principales afectados, ya que empieza toda una cadena en el que deben intervenir jueces para arreglar la custodia, las visitas y los alimentos de los mismos. A esto se suma la inseguridad que sienten al perder el clima de confianza, respeto y de afecto con sus padres.

Si los hijos ven que sus padres están viviendo en constante pelea, o algo peor, con discusiones que terminan en maltrato, alcoholismo o drogas, van a crecer en un ambiente inseguro. Por eso, en el momento que los padres tomen la decisión de separarse deben ofrecer un dialogo abierto y concreto sobre las razones del rompimiento y comprometerse a inculcar en sus hijos valores como el optimismo, la responsabilidad, el amor a los demás y el respeto.

¿Cuál es la mejor forma de sobrellevar el “duelo” de los hijos luego de una separación?