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Para nadie es un secreto que el transporte público en Bogotá se percibe cada vez más desorganizado, por aquello del colapso de las calles, el incremento en la venta de autos, el estrés, etc... No obstante, ahora hay que sumarle, el riesgo diario que representa viajar gracias a la imprudencia de los conductores del servicio público. En la capital colombiana circula, al menos, el 40% del total de buses del país.
“¿Es que me va a llevar hasta su casa?”, ‘¡Señor, no lleva ganado!’, ‘Busetero tenía que ser’, ‘¿Le salió el pase en un tamal?’, ‘Señor, queremos llegar vivos a nuestras casas’. Éstas y muchas otras frases, hacen parte del cotidiano vivir de los bogotanos cuando tienen que enfrentar las incomodidades propias del transporte público.
Y es que el tema no pasa sólo por los rencillas y rencores diarios, sino por los accidentes que se han presenciado en lo que va corrido del año.
Esta semana, por ejemplo, en menos de ocho horas se registraron dos emergencias por exceso de velocidad, en los cuales murió una persona y otras 22 sufrieron heridas de consideración. En los hechos estuvieron involucrados, como es habitual, vehículos de servicio público.
La última encuesta del DANE indicó que en un sólo trimestre, hubo un aumento del 18 por ciento de pasajeros en relación al 2006. La cifra pasó de 366 millones de pasajeros a 432 millones. De igual forma, Bogotá tiene 1.000 buses más en las calles...
Con estas perspectivas de crecimiento,¿cuál considera que debe ser la mejor medida para mejorar el servicio público?
Notas relacionadas:

Guillermo Reyes, Viceministro de Justicia, explicó que “las penas de prisión para el delito de homicidio contra sindicalistas pasarían de 33 años como mínimo, a 60 años como máximo.
Esta iniciativa consiste en una modificación al Código Penal en los delitos de homicidio, desaparición forzada, secuestro y amenazas, con la intención de proteger la vida e integridad personal y la libertad individual de todos los miembros de grupos sindicales.
El proyecto introduce como causal de agravación el homicidio que se ejecute contra cualquier miembro sindical, lo cual amplia la cobertura a todos los que de una u otra manera pertenezcan a estas organizaciones. Así mismo, soluciona el inconveniente jurídico que los funcionarios judiciales enfrentan a partir del momento en que deben realizar la adecuación típica de la conducta.
La iniciativa busca dar protección especial a los derechos de reunión y asociación, para lo cual se ha sugerido, dentro de ese contexto, perseguir y sancionar con mayor severidad las conductas que lesionen o pongan en peligro efectivo los bienes jurídicos tutelados de los miembros sindicales, dando relevante importancia al homicidio, el secuestro y la desaparición forzada.
¿Está de acuerdo con el proyecto legislativo que incrementa las penas de 33 y 60 años a homicidas de sindicalistas?