El Estado está obligado a asumir costos de prueba de Paternidad

La Corte Constitucional le tuvo que recordar a los jueces de oficio que, en un proceso de paternidad, cuando una persona no cuenta con los recursos económicos para practicarse la prueba de ADN es obligación del Estado asumir los costos.

El curioso caso lo registró el noticiero CM& y le ocurrió a Luis Felipe Bernal, un hombre humilde a quien mediante el fallo de un juez se le ordenó responder económicamente por el bienestar del niño, sin que se le practicara la prueba de ADN por falta de recursos del demandado.

Luis Felipe Bernal finalmente se pudo practicar la prueba de paternidad mediante la ayuda de un abogado, pero aunque ésta dio negativa en un 99.9% aquí no terminaría el proceso.

El afectado tuvo que interponer una tutela ante el Tribunal Superior de Tunja, pero fe fue negada por considerarla improcedente.

Recurrió a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se revisara la decisión del Tribunal, pero allí se encontró con un señalamiento contradictorio:

“De acuerdo con los conocimientos científicos actuales el actor no puede ser considerado padre natural del niño. En todo caso, debido a que no se configuraba la causal de revisión alegada por el tutelante, éste habrá de resignarse a aparecer como padre del menor, con todas las consecuencias que ello apareja”

En un intento más por resolver la situación el señor Bernal pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo, el cual, finalmente tuteló sus derechos y ordenó revocar todas las sentencias anteriores al explicar:

“Obligar al actor a tener como su hijo a un niño que no lo es y al menor a tener por padre a quien no lo es constituye una afectación de sus derechos a la filiación, a la familia y a l libre desarrollo de la personalidad”.

¿Conoce algún caso similar?

¿Usted conocía esta obligación del Estado?